La Sanidad pública ha sido un legítimo orgullo nacional, gigantesco sistema público al servicio de todos los españoles y residentes en España. La Seguridad Social es otra de las grandes e irrenunciables conquistas, que reconoce el derecho del hombre a una vida digna en la vejez y en las diversas situaciones de desamparo, enfermedad y desempleo. La ley de Dependencia, ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, tiene muchos menos años y fue promulgada en 2006, durante el Gobierno del denostado José Luis Rodríguez Zapatero, ley que hicieron necesaria y a la vez posible el envejecimieno demográfico, el aumento de la vejez débil, la reducción del tamaño de las familias, antes cuidadoras de por vida, y la incorporación de la mujer a la actividad laboral. Pero en estos tres sectores la realidad de nuestro tiempo está siendo mucho más dura de lo que proclaman los principios teóricos y de lo que desean todos los ciudadanos cabales de nuestra nación. Por ejemplo, el gasto sanitario, debido a las causas de todos conocidas, pasó de 38.563 millones en 2002 a los 70.274 en 2009. El gasto farmacéutico sigue siendo uno de los más elevados de la Unión Europea, por encima de los países escandinavos. Las pensiones por jubilación y viudedad no dejan de aumentar, llegando casi al millón, igual que las más discutidas de incapacitación permanente. Mayor todavía, como es de suponer, es el número de los beneficiarios del seguro de desempleo, rondando los tres millones entre el nivel contributivo y el nivel asistencial. Y, aunque los discapacitados son muchos más, los dependientes se acercan al millón y medio, de los que sólo algo más de la mitad reciben ayuda. La crisis golpea a este sector tan sensible mucho más que a cualquier otro: expulsión del sistema a los inmigrantes sin papeles, aunque las Comunidades Autónomas la han dejado en muchos casos sin efecto; copagos de medicinas y ciertas prestaciones, explicables y saludables en ciertos casos, pero en otros no; reducción de personal sanitario y de servicios; paralización de ciertas obras hospitalarias; reducción de estancias de enfermos; “despidos” de médicos veteranos, sustituidos por más jóvenes y peor pagados…, como acabo de ver en la siempre elogioda Sanidad de Navarra. El desbordante número de parados y de pensionistas, tarde o temprano va a exigir cambios drásticos en su administración, y los Presupuestos del Estado corren el riesgo de ser pronto papel mojado. En el ámbito de la ley de Dependencia, que ya nació con un déficit financiero y demasiada propaganda política, el recorte ha sido, en palabras de G. Anleo, despiadado: se ha suprimido la partida del 15% que el Estado iba a repartir entre las Comunidades Autónomas y se ha paralizado la aplicación de las ayudas a los dependientes de grado III, dependencia moderada, de ayuda una vez al día. Es el sector más desprotegido, por ser el más nuevo y con menos tradición. Mientras tanto, en el sector de la Administración y de los altos cargos, ¡se pavonean de haber reducido, cuando lo han hecho, en un cinco o diez por ciento los grandes honorarios y los grandes sueldos!
