Siguiendo la hispánica tradición, que viene desde Carlos III, de exclaustrar, extinguir, suprimir, disolver, secularizar y desamortizar a las órdenes y congregaciones religiosas, los liberales exasperados, jóvenes masones y oficiales del ejército encabezados por el coronel Evaristo San Miguel, llegaron lo más lejos que pudieron con la real orden de 2 de julio de 1823. Su único artículo disponía que el Gobierno, los generales en jefe del ejército en su defecto, y en igual caso los jefes políticos, quedaban autorizados para poder suprimir provisionalmente toda comunidad o corporación eclesiástica o civil, de cualquier clase que fuera, si considerasen nociva su conducta a la causa pública, dando cuenta en seguida de ella al rey para su aprobación y para que lo pusiera en noticia de las Cortes. Pero la invasión de los ejércitos franceses, el día 7 de abril del año siguiente, hizo de la real orden un papel inútil. De poco habían servido los numerosos decretos extintores, supresores, disolventes, secularizadores y desamortizadores de Napoleón, las Cortes de Cádiz o los gobiernos liberales. En 1826 se contaban ya en España 127.340 eclesiásticos, número superior al existente en tiempos de Carlos III. Y los frailes que eran 16.810, el 1 de marzo de 1822, ascendían en 1830 a 61. 727. Y todo volvió a empezar.