El manifiesto de los tres partidos que componen el Gobierno vasco, publicado ayer en forma de artículo y presentado públicamente con toda solemnidad, es toda una síntesis de agravios y de reproches, en los más duros términos, y sin la más mínima autocrítica, del habitual soberanismo-independentismo vasco frente a lo que ellos llaman Estado Español. La última sentencia del Tribunal Supremo condenando a tres miembros de la Mesa del Parlamento de Vitoria es sólo la ocasión para denunciar el resto de los atropellos españoles al autogobierno vasco durante todos estos años: “Intromisión, desafuero y deslegitimación” contra las instituciones vascas; “deriva del Poder Judicial“; sabotaje de la independencia, autoorganización y legitimidad de la Comunidad Autónoma por la “interferencia de un poder ajeno“; “agresión“; “justicia politizada“; “leyes excepcionales ilegalizadoras” de ideas y de partidos; “estrategia de justicia politizada al servicio de la desnaturalización del autogobierno vasco“… Una frase desdichada lo resume todo: “Nuestra voz se alza para denunciar una estrategia que nos conduce al derrumbe de la democracia“, al utilizar a “determilnados jueces como partisanos, como ariete de choque contra la voluntad de la ciudadanía”.- A ver si en esta ocasión, la respuesta del partido socialista, de sus medios afines, de los comentaristas de su onda, es tan rápida, tan diligente, tan duradera en el tiempo, como lo fue frente a la afirmación del arzobispo de Valencia, el pasado 30 de diciembre, cuando habló de la amenazante “disolución de la democracia” en España a causas de algunas leyes del actual Gobierno. El ministro del Interior ya ha calificado la reacción del soberanismo vasco de “invectiva y disparate“. Pero en eso se ha quedado, por ahora, la cosa.