Convengo, como tantas veces, con Ignacio Varela en El Confidencial, sobre el caso del polémico fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ese señor al que, hace ya tiempo, el Consejo General del Poder Judicial declaró inadecuado para el cargo que ocupaba. Si el Tribunal Supremo le absuelve de no ser el primero que reveló injustamente el secreto de un ciudadano, que debería guardar, por el hecho de ser allegado de una persona enemiga por motivos políticos…, que le aproveche. No me va a quitar el sueño, sobre todo si dimite después de ese pírrico triunfo.

Porque la ética elemental no se confunde con el derecho penal. García Ortiz ha sido durante demasiado tiempo un pésimo fiscal general. Borró, en un momento de apuro, el contenido de su teléfono móvil. Ha sido un sumiso ciego al poder político. Ha hecho un  uso militante y alardeante de la fiscalía. Ha abierto una crisis y una fractura profunda entre los fiscales y, en general, en el mundo jurídico, lo mismo que en la ciudadanía. Y carece por sus hechos y por sus dichos, de todo todo crédito social. ¿Sólo son corruptos, en esta larga y triste historia del sanchismo, Ábalos, Koldo y Cerdán?