El 12 de junio, mientras León XIV visitaba el campamento migratorio de Tenerife, en España, la Unión Europea completaba un nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, y el día 17 el Parlamento Europeo aprobaba el nuevo Reglamento de Retorno por 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, canalizando entre otras cosas, las deportaciones a terceros países, fuera de la UE, donde se construirán los Centros de retorno. El actualizado Pacto sobre Migración y Asilo permitirá que se aumenten los plazos de detención hasta 24 meses, que podrán sufrir los señalados con órdenes de expulsión y limitará notablemente los recursos efectivos y las apelaciones.

Contra el Pacto y su Reglamento publicaron un texto conjunto Amnistía Internacional, Oxfam Intermón, CEAR, Médicos son Fronteras, Caritas Europa, Entreculturas o el Servicio Jesuita a Migrantes. La Comisión de las Conferencias Episcopales de la UE (COMECE), en una rotunda declaración contraria, se mostró profundamente preocupada por la ampliación de la detención o por las limitaciones a los recursos efectivos y las apelaciones, así como por la creciente externalización de responsabilidades a terceros países, que plantea graves cuestiones éticas y humanitarias.

Citando la apuesta del papa en Canarias de mirar más allá del miedo y de la conveniencia política,  los obispos europeos hacen suya la doctrina social pontificia y, haciendo referencia a los padres fundadores europeos, recuerdan que el proyecto común nació sobre la convicción de que la dignidad humana es inviolable y que la solidaridad entre los pueblos no es un idea opcional, sino una responsabilidad fundamental.

Tras reafirmar los pilares democráticos del derecho de asilo, la protección de la unidad familiar o la atención a la personas más vulnerables, concluyen que la seguridad y solidaridad no son principios opuestos, sino que deben avanzar de  la mano.