Los partidarios de la independencia catalana, convertidos, y no por arte de magia, en fervorosos partidarios del derecho a decidir, tienen como santo y seña y como objetivo primero de sus aspiraciones la celebración de una consulta, no sobre el derecho a decidir, sino sobre la independencia. No hablan de referendum, porque la Constitución española, en el artículo 149, 1, 32ª lo declara de exclusiva competencia del Estado. También en el artículo 92 la Constitución dice que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, convocado por el rey, y a propuesta del presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los diputados. Pero de esta consulta los independentistas no quieren oír hablar. ¿Qué salida, pues, les queda? Se me ocurre una, en el peor los casos, y a la que no quisiera vernos llegar. Cuando se celebren la próximas elecciones generales, los partidos independentistas lleven como único o principal programa electoral la independencia pura y dura, con todas las consecuencias que habrán de explicar a sus electores. Después de saber los resultados, todos podremos reflexionar, sacar conclusiones, pactar, o, en el peor de los caos, repartirnos en paz y armonía la herencia común, según nos enseñó el tribunal constitucional de Canadá.