No sé en qué piensan Pedro Sánchez y su convincente consejero Miquel Iceta para no visitar al presidente golpista de la Generalitat o merendar un día con él para comenzar a dialogar y preparar el célebre referéndum pactado, al que, al parecer, se opone el presidente del Gobierno de la Nación. Podrían acompañarlos Pablo Manuel Iglesias Turrión y la alcaldesa barcelonesa Ada Colau, entusiastas partidarios de ese referéndum y del llamado derecho de autodeterminación de todos los Pueblos de España. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué y quién les impide?

(Tras muchas y largas entradas sobre Cataluña, voy a escribir en los próximos días unos breves comentarios sobre la urente situación política, dando mi impresión sobre la marcha loca de los sucesos.)

Cuando, a las siete de la mañana de ayer, vi a los Mossos d´Esquadra, vestidos de policía municipal de barrio, recorriendo las calles amanecientes, adiviné toda la triste película de la jornada. La trampa, casi mortal, estaba tendida. El saboteje de la policía catalana, su desobediencia al mandato judicial y su traición a la confianza puesta en ellos por el Gobierno español, por la justicia y por los partidos políticos constitucionalistas -diga ahora alguno de ellos lo que quiera- eran patentes. Ya era imposible controlar la situación, y quizás entonces fue el momento de cambiar todo el dispositivo preparado, tras la denuncia correspondiente. Pero tan trascendente decisión no se improvisa y el gabinete de crisis no existía por lo visto. Grave error del Gobierno de la Nación. Y así llegó el error de utilizar la fuerza con todos sus riesgos. Ahí obtuvieron las autoridades independentistas su mejor cosecha interna y externa, que desde el mediodía de ayer la aprovecha para continuar con su hoja de ruta hasta la independencia. Ahora el mayor error de todos los no independentistas será olvidar el objetivo independentista primordial y entretenerse (cuando no dividirse) con lo secundario y accidental, por muy importante que sea.

        La experiencia de muchos siglos mostró que, en uno u otro escenario, el pueblo no podia estar continuamente en estado constituyente. Lo que solía traducirse casi siempre en dictadura permanente. Y al mito democrático revolucionario del poder constituyente, continuo y absoluto, se le opuso el principio democrático realista de la democracia constitucional, basado en los valores de la limitación del poder constituyente, de la estabilidad, del equilibrio, de la continuidad, de la posibilidad de construir proyectos sociales y personales, lo que en adelante se llamaría cuerpo legal. El constitucionalismo moderno, basado en el pensamiento de Locke, Montesquieu y los federalistas norteamericanos, quiso evitar que una parte del poder constituyente se arrogase poderes absolutos, pasando del despotismo del monarca absoluto al despotismo de la multitud, aun repesentada en la Asamblea o en el Parlamento, y para defender los derechos de todos los ciudadanos, distinguió bien los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y los sometió a una ley superior, la Constitución, a la que se someterían en adelante todas las leyes de la Nación. A este resultado mismo tuvieron que llegar los más sensatos revolucionarios franceses de primera hora, después de varios años de convulsiones, violencias, matanzas y tres Constituciones fallidas. Hoy, todos los países democráticos del mundo tienen la misma estructura política que heredamos de los Padres y Fundadores americanos.- Así de distinta y superior es la democracia constitucional, que el Gobierno de Puigdemont está violentando desde hace tiempo, aunque de boquilla diga defenderla delante del mundo, sobre la democracia asamblearia, antes descrita, santo y seña del pequeño partido catalán, de orientación anarcoide y antisistema, la CUP, y que está en la raíz de todo este malhadado esperpento.

  Tal vez la trampa mayor, la coartada más artera, política y mediática, de todo el proceso catalán es haber hecho creer a muchos que el propósito primero era conseguir el ejercicio del falso derecho a decidir, o, dicho más crudamente, del falso derecho a la autodeterminación, cuando la intención única de los promotores de dicho proceso era, lisa y llanamente, la independencia, O, al menos, hacer creer que ese era el objetivo, para seguir así movilizando a las masas, ganar de nuevo lals elecciones autonómicas y no perder la hegemonía en Cataluña. Y para ello, todos los lugares teóricos de la democracia liberal han sido argumentados, mientras de hecho se ponían en ejercicio, en todos los ámbitos posibles, todos los resortes prácticos de la democracia asamblearia, es decir, del golpe de fuerza, del golpe de Estado, del golpe a la democracia (liberal). Lo que ha prevalecido aqui es la concepción, tan vieja como la  raza humana, de la democracia  directa e inmediata, que es el poder del llamado pueblo soberano, representado o engañado por una minoría: un poder total, inmediato, instantáneo, que le hace estar en continua situación constituyente, donde cada momento asambleario determina su propia ley y, desinteresado del pasado y del futuro, vive febrilmente su presente sin otra ley reguladora que la propia, única legalidad existente, o una nueva legalidad que elimina cualquier otra, si la hubiese. Como se ve, la antañona receta maquiavélica de fuerza y astucia –  En el caso de Cataluña, a pesar de los obstáculos factuales que su pertenencia a España y a la Unión Europea les ponía por delante, los líderes del proceso catalán han hecho del poder constituido (parte del español), no aceptado en los últimos tiempos, un poder constituyente, voluntarioso, furibundo y a menudo grotesco. reducido, además, a los independentistas catalanes. minoría social y provisional mayoria pírrica en el Parlamento autonómico. Poder totalitario en la calle y con todas las trampas posibles puestas a la democracia parlamentaria (sólo formal), en el mejor de los casos. dentro de las instituciones. Poder no violento grave, por carecer de fuerza, pero violento en las palabras, las amenazas, las coacciones, las discriminaciones… Democracia asamblearia, dirigida por nacionalistas extremistas, fanáticos, que quieren dar al mundo una apariencia de democracia constitucional.

      El inmovilismo, la inoperancia, la indiferencia, la irresponsabilidad, el silencio, la incapacidad de diálogo en lo que a Cataluña se refiere, y hasta la falta de proyecto para Cataluña y España entera son acusaciones  e incluso caracteres políticos que vienen persiguiendo al presidente del Gobierno hace varios años desde las filas de todos los partidos independentistas, confederalistas, populistas autodeterministas, de algunos partidos constitucionalistas, y de numerosos comentaristas y medios de comunicación. No es menester decir que casi siempre se trata de obtusas pullas partidistas interesadas y, dicho asi, sin matiz y sin autocrítica alguna, a menudo, bastante injustas. Pero a las veces, y en casos bien concretos, la actuación de Rajoy, conservador sobre todo de carácter, y sus varios Gobiernos no puede justificarse. Por una parte, ha seguido la mala costumbre de sus predecesores de cambiar cromos políticos con partidos llamados nacionalistas a cuenta de votos, y, por otra, no ha  tenido el menor interés en intentar cambiar ese caos jurídico-político, causante de muchos males, que es el capítulo VI de la Constitución, así como en reformar el Senado, añadir la lista de Comunidades Autónomas, etc. A última hora, y a trancas y barrancas, ha aceptado la propuesta del PSOE de abrir una subcomisión en el Congreso para estudiar una posible y limitada reforma constitucional. Ya sabemos las muchas diferencias que cultivan los partidos sobre el asunto, pero, si ni siquiera las ponen  de manifiesto y en serio, para que sepamos todos a qué atenernos, entonces la cosa no tiene remedio. Por otra parte, y es bien sabido, la política de comunicación de los Gobiernos rajoyistas en lo que a Cataluña respecta ha sido patéticamente nefasta. Estos días lo estamos pagando todos. La convivencia diaria de todos los españoles, la cohesión de todos ellos en cualquier sector de la vida no empiezan ni terminan en la ley, en las leyes, en las sentencias de los tribunales ni en los informes de los juristas. Ni todo en la vida política son derechos y deberes. Ni siquiera presupuesto y funanciación. En Cataluña, como en cualquier otra región, nacionalidad, y también en toda la Nación española, hay hombres (varones y mujeres) de carne y hueso, de entendimiento (no sólo razón calculadora), voluntad, sentimientos, memoria, imaginación, fantasía, afectos, emociones, amores, amistades, esperanzas, ilusiones, dolores, quebrantos, decepciones, proyectos… Que tienen su lengua, su historia, sus paisajes, su literatura, su poesía, su pintura y su música, sus deportes propios… ¿Ha oído alguien alguna vez  a Rajoy citar un poema o una novela catalanes? ¿Algo que no sea euros y leyes? Y durante todos estos tristísimos días, ¿dónde está el presidente del Gobierno, que debiera informarnos y sosegarnos a todos los españoles? Su excelente dialéctica en las Cortes debiera trasladarse con mucha mayor frecuencia a la televisión que ven todos los españoles, Y estos días, de continuo. Hoy mismo esperaba yo su presencia después del Consejo de Ministros. Y no con un lenguaje de madera, como ha sido el de su prtavoz, mi admirado, y un día colega europeo, ministro de Educación y Cultura.

        La oposición de Ciudadanos a admitir en su propuesta de Resolución presentada en  el Congreso de los Diputados el diálogo y una solución pactada en el caso catalán, como exigía el PSOE, impidió que se aprobara la Resolución de apoyo al  Estado (Gobierno, jueces y fiscales, asi como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad) en la presente situación política de Cataluña. Lo que hizo manifiesto el desacuerdo entre los partidos constitucionalistas, dio pie a la lectura de que el Congreso no apoyaba al Gobierno, y llenó de regocijo a todos los independentistas y populistas autodeterministas. Vieja cuestión esta del diálogo: recurso infinito lo llamo en uno de mis aforismos, cuando no se quiere decir ni sí ni no, cuando no se quiere comprometerse claramente en determinadas cuestiones. Fue el estribillo preferido de R. Zapatero durante su mandato y de todos los que no se opusieron frontalmente a ETA. Por cierto, cuando el presidente Ibarretxe presentó en las Cortes su famoso Plan (el Estado Libre de Euskalherria Asociado a España) y fue rechazado por una inmensa mayoría de diputados, nadie reclamó entonces ni condicionó su voto a un futuro diálogo con el peneuvista y a una solución pactada con él:  tiene razón R. Ibarra cuando nos lo recuerda. Pero ahora el PSOE, que busca su espacio propio entre el PP, Ciudadanos y Podemos, se ha empeñado en hablar, venga o no venga a cuento – y ahora no viene- de diálogo y pacto posterior. Lo mismo ques desde su altura religiosa o económica, vienen diciendo la Iglesia, los Empresarios y tantos otros, bajos o altos, sujetos neutros, con buena o mala fe. Porque decir diálogo  es decir todo -toda política incluye diálogo o, al menos, interlocución- y, en ocasiones, es decir nada. Por ejemplo, en este momento, ¿quiere decir dialogar con el golpista (Ciudadanos) Puigdemont? ¿O dialogar sobre el cuándo, cómo, dónde del Referendum, que es lo único de lo que quieren dialogar los independentistas? ¿O quiere decir que después de la movilización del 1-O o de la posible proclamación de la República Catalana, con alguien habrá que hablar? ¿Con los actuales políticos independentistas? ¿Con los que ganen las próximas, inminentes elecciones catalanas? ¿En las Cortes, entre todos los partidos?

¿Nos pueden explicar todos qué quieren decir cuando dicen diálogo y pacto?

 Ayer reapareció Felipe González, buen amigo de Pujol en los noventa, para repetir su afición al empleo del artículo 155 de la Constitución -la misma que la de Alfonso Guerra y del PP catalán– en la crisis actual, pero ocultando -¡siempe la política partidista, aun en los momentos de mayor gravedad!- que ha sido el actual secretario general del PSOE el que se ha opuesto, incluso amenazadoramente al comienzo, a la puesta en acción de dicho artículo. ¿Como podría haberlo utilizado el PP, aun con su mayoría absoluta en el Senado, con el principal partido de la oposición en contra? González hubiera preferido seguir la vía política directa y no protegerse en la toga de los jueces. ¿Hubiera sido mejor? Probablemente la reacción de los independentistas hubiera sido más dura que la que ha sido frente al Tribunal Constitucional, al que todavía recurren a la desesperada. Lo cierto es que, como denuncian los independentistas. parcialmente el Gobierno de Rajoy ya ha puesto en marcha algunas de las medidas necesarias para obligar a aquella [Comunidad Autónoma] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general, que contempla ese artículo. Es el caso de  la intervención de la Haciena catalana o de la coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Cataluña. Por otra parte, según el artículo 189 del Reglamento del Senado, el caso de poner en acción el artículo 155, el Gobierno debe presentar al presidente de la Cámara escrito en el que se manifieste el contenido y alcance de  las medidas propuestas, así como la justificación de haberse realizado el correspondiente requerimiento al Presidente de la Comunidd Autónoma y la de su incumpliniento por parte de ésta. Lo cual exige luego un no breve procedimiento legislativo: requerimiento al presidente de la Comunidad afectada, debate en la comisión de autonomías, propuesta de la comisión, pleno de la Cámara, etc. Por todo lo cual es muy dudoso que el polémico 155 hubiera sido oportuno y conveniente, y sería más interesante conocer cuáles hubieran sido las medidas concretas que hubiera preferido González. Y sobre todo su sucesor. Cuando habla a cada paso del diálogo y de una solución pactada, ¿cree en serio que con esta Gobierno catalán eso era posible en los útimos tiempos?

      Aunque parezca que todo está dicho sobre el independentismo catalán, cada día nos trae alguna novedad, Hoy, en un artículo publicado en ABC, diario colista en el momento actual, el ex presidente socialista de la Junta de Andalucía, Juan carlos Rodríguez Ibarra, irrumpe, como hizo a menudo cuando su mandato, y recomienda, como los clásicos, un gobierno de coalición nacional entre el PP y el PSOE ante estos graves momentos, para salvar a la Democracia y a España. Como, dice él, hacen partidos secesionistas, tan diversos o más en casi todo, pero unidos ahora para promover y conseguir la independencia de Cataluña. ¿Y para hacer de inmediato qué? Para hacer nada, porque, al decir de Ibarra, no hay nada que hacer, y, menos que nada, premiar la sedición y la rebelión de los independentistas, pagándoles los gastos del esperpento, (No encuentro otra palabra mejor que esta para calificar el proceso catalán). Esta propuesta, que tanto en el PSOE  como en el resto de los partidos va a pasar sin pena ni gloria, saca a la luz lo que algunos comentaristas están diciendo y lo que mucha gente no se atreve o no puede decir. Representa la propuesta entera -no sólo en cuanto al gobierno de coalición, quizá lo menos importante- a toda una masa de opinión frente a otra masa -masiva y oficial en el PSOE y en muchos círculos llamados progresistas, amén de todo el desnortado Podemismo-, que repite desde haces meses y años el mantra del diálogo y la negociación, el acuerdo pactado con el Gobierno de la Generalidad, el Referéndum legal y pactado, etc. Entre los contenidos de ese hipotético pacto – aunque nadie diga cuándo, cuánto, cómo y dónde-, sostenido por sus partidarios hasta en estos momentos conflictivos, estaría el pacto fiscal, a la manera del concierto vasco; las competencias exclusivas en educación y cultura; la denominación de Cataluña como Nación, cuando no como Estado, y hasta la creación de seleccciones deportivas nacionales o una embajada permanente en la UNESCO: estas dos últimas concesiones, propuestas por la asociación más importante de empresarios catalanes, defensores también acérrimos del pacto fiscal. Con lo cual, volveríamos al concierto catalán, que en su día rechazaron los catalanistas y pondría en pie a las restantes Comunidades Autónomas; se premiaría y reforzaría una causa principal de la deriva independentista por medio de las competencias exclusivas en educación (¿Es que de hecho no han sido exclusivas?),  y alborotaría  todo el patio autonómico español con esas selecciones y esos embajadores. Lo digo, sin entrar en el fondo de la cosa, para resaltar el abismo entre las dos masas de opinión, dentro de las cuales caben muchas opiniones, sin contar los independentistas, nacionalistas o no, que no quieren nada de todo eso y sí todo de algo muy distinto.

No podemos relatar los grandes pasos del independentismo catalán en estos últimos tiempos sin glosar, aunque sea brevemente, el impacto de la corrupción en el proceso (el procès). No conocíamos en 2006 ni en 2010, como después hemos conocido, el volumen y la gravedad de la corrupción institucional y personal en Cataluña, especialmente del partido en el poder, Convergencia i Unió, pero los Pujol, los Artur Mas, los Gordó y compañeros del tres por ciento la conocían de sobra desde dentro.  Y no por nada pedían en los dos textos estatutarios, en el rechazado en las Cortes y en el aprobado después y enmendado por el Tribunal Constitucional, las máximas competencias en Justicia, lo que equivalía a reformar la Constitución por la puerta de atrás de uno de los Estatutos. Esto es que aprobó por desgracia el PSOE cuando votó a favor del segundo Estatuto y lo que quiso después recuperar Zapatero por la vía de leyes especiales en las Cortes, lo que no se llevó a cabo por falta de tiempo. Si la Justicia, en todos sus niveles hubiera estado en manos de las autoridades catalanas, seguramente no hubiéramos visto, dados los antecedentes conocidos, ni a Pujol ante los jueces, ni a sus hijos multados o metidos en la cárcel; ni juzgados y condenados a Mas, a Gordó y compañía. Probablemente no hubiéramos visto tampoco las sedes de CIU embargadas, y cosas por el estilo. Si añadimos a todo eso la crisis económica que multiplicó por muchos números el aborrecimiento por la gente de la corrupción, podemos sumar nuevas causas reales al movimiento independentista. Aunque, increiblemente todo el poder institucional de Cataluña, la mala conciencia de CIU, la fanática y acrítica actuación de Esquerra Republicana, de la anarcoide antisistémica CUP, y del aventurerismo leninoide de Ada Colau y de Podemos-Podem, movidos sobre todo por sinrazones partidistas, hayan conseguido, ante los ojos nublados de muchos indpendentistas, lanzar toda esa basura y esa miseria autóctona en las espaldas del Partido Popular y sobre todo de Rajoy, comvertido  en el monigote de escarno popular, como encarnación de la abominada España y del temido y aborreccido Estado español.

           Uno de los lugares comunes del independentismo catalán es que la supresión de 14 artículos del nuevo Estatuto de Catalunya (2006) por el Tribunal Constituciónal (2010) ha sido la causa inmediata del crecimiento de independentistas en Cataluña, que habría crecido desde el 20 por ciento al cuarenta y tantos por ciento. Y que el PP sería el primer culpable al haber recurrido el texto a ese Tribunal. Lo cierto es que, cuando la opinión pública no urgía precisamente la ampliación de títulos ni de competencias,  el nuevo presidente socialista Pasqual Maragall, que se había hecho con la molthonorabilidad de la Generalitat gracias al Gobierno de coalición con los independentistas de ERC, y que con la solemne promesa del nuevo presidente español, J.L. Rodríguez Zapatero de que aprobaría todo lo que viniera del Parlamento catalán, se puso a la tarea, soñando pasar a la inmortalidad y al mismo tiempo a la sempiternidad en el palacio de Sant Jaume. Los independentistas catalanes le aseguraban todo eso, ya que entre ellos y con la ayuda de su predecesor, el convergente Artur Mas, sucesor de Pujol, habían arrinconado y excluido para siempre al segundo partido español, el PP, por el llamado Pacto del Tinell. Pero el texto del nuevo Estatuto era tan anticonstitucional, que, al decir de Alfonso Guerra, presidente de la Comisión que lo debatió en las Cortes, lo cepillaron de lo lindo. jugó entonces su baza el convergente Artur Mas, jefe de la oposición en Cataluña y con el adolescente Zapatero pactó un nuevo texto, algo más moderado, pero también anticonstitucional, que los diputados del PSOE en las Cortes tuvieron dócilmente que tragar. Lo malo fue que ese segundo texto se llevó a referéndum del pueblo catalán antes que el TC lo dictamira. y el pueblo catalán, con ERC en contra, lo refrendó por sólo el 34% de los votos. Error del que nadie quiere hacerse ahora responsable. Natualmente, el arrinconado y excluido PP, en un campaña torpe y descabellada contra este segundo Estatuto, lo llevó al Tribunal, que lo dejó, cuatro aaños después,como queda dicho, sin 14 artículos y con muchas interpretaciones. El golpe era verdaderamente fuerte. Pero todos los responsables de estos lances, de uno u otro color, podrían decir con el poeta: Todos en él pusimos nuestras manos.