Con suma facilidad políticos, comentaristas y periodistas regalan la marca de democráticos a partidos, coaliciones, asociaciones o personas, que, a su manera, admiten los métodos políticos o excluyen, ni siquiera condenan, la violencia, que nunca califican de terrorismo, aunque en realidad entiendan por ella sobre todo la actuación de la guardia civil, de la policía, del ejército español o del mismo Estado. Y no sólo los consideran tan democráticos como los demás, sino que exigen para ellos el mismo trato, incluidas toda clase de alianzas para gobernar ayuntamientos y hasta gobiernos autonómicos. El otro día, Salvador Ulayar, víctima e hijo de víctima del terrorismo etarra, representante en Navarra de la AVT, nos informaba de que el candidato de Na-Bai a la presidencia del Gobierno de Navarra cuenta como colaboradores en su despacho de abogados con dos ex terroristas etarras, uno de ellos el asesino de su padre -a quien él, siendo un muchacho, vio morir-, quien, después de un breve paso por la cárcel, nunca dio señal alguna de arrepentimiento y nunca pidió perdón a la familia. En su relato recuerda también Salvador que dicho candidato, de quien depende ahora el futuro próximo de Navarra, fundador un día de HB, «al oler su ilegalización, la abandonó para fundar Aralar; arguyó que la «violencia» ya no era útil. No declaró que el terrorismo etarra mata por pensar diferente, que pretende a tiros lo que las urnas no le dan, y siempre fue una monstruosidad inadmisible e injustificable. Simplemente ya no era útil». ¿Hay algo más repugnante, más bárbaro, más cruel e inhumano (no digamos, antidemocrático) que esto?