Recojo tan duro calificativo de unos juristas que saben de derecho penal mucho más que yo. Pero no hay que ser  muy docto para negar que el golpe independentista catalán de septiembre y octubre de 2017 fuera sólo  un conjunto de incidentes de orden público y no un delito contra la Constitución, en su artículo 1, contra la unidad de España, contra nuestro Estado de derecho. Un golpe con violencia pública, tumultuaria, organizada y continuada durante muchos días, protegida y acompañada por un cuerpo policial de 17.000 miembros. ¿Acaso un tanque es más violento que una masa de 10.000 personas oponiéndose a la ley?. Podrá cualquier tribunal negar violencia convencional -la militar armada-, pero nadier nos va a convencer de que la violencia, a estas alturas de la historia, se reduce al golpe clásico, del que fue una expresión adecuada el 4 de octubre de 1934 en Asturias o el 6 de octubre del mismo año en Barcelona,

Sí, el cambio de criterio de la Abogacía del Estado -de la abogada jefe, dependiente de la ministra Delgado, en concreto- y del mismo presidente del Gobierno, que tuvo la desfachatez de proclamarlo en una sesión del Congreso,  junto a la decisión de calificar tamaños hechos delictivos tan sólo como sedición es un sabotaje a  toda una actuación durante meses del heroico juez instructor Llarena, de la inmensa mayoría de fiscales y de jueces españoles, que han trabajado dentro y fuera de España, y que ahora se encuentran con que el propio Gobierno, rehén parlamentario y político (si a eso se puede llamar política) de dos grupos parlamentarios independentistas catalanes, de un grupo confederalista/autodeterminista vasco y de un cuarto grupo independentista vasco,  heredero de ETA-Batasuna, les niega el apoyo y la sanción jurídica más elementales. Caso único en Europa y probablemente en el mundo. Cuando los independentistas catalanes recurran a los tribunales europeos, ¿quién defenderá a la inmensa mayoría de los españoles contra la rebelión independentista? ¿Los que no se han atrevido a llamarla rebelión?

¿Hay quizás mayor rebelión que intentar durante semanas, meses y años, separar por la fuerza de los hechos -violentos- toda una Comunidad Autónoma de la Nación y del Estado comunes?  ¿Un grolpe de Estado para derribar a un Gobierno acaso es algo más grave?