Son muchos los programas de radio y televisión, reportajes, artículos, cartas, etc., que se escriben estos días sobre este tema de máxima actualidad, y no pocas veces con una ignorancia supina y un mal humor excesivo, que raya en ocassiones en la paranoia. Muchos de los que así claman no saben o no quieren saber que la ley de Mecenazgo (2002), completada por la ley de Haciendas locales, incluye como beneficiarios, exentos de pagar el IBI (impuesto de bienes inmuebles), entre otros muchos, a los centros concertados, los monumentos de interés cultural… y así a todas las entidades sociales, educativas, culturales, deportivas y religiosas, de utilidad pública y sin ánimo de lucro. Espero que no haya nadie tan bárbaro que quiera que las entidades no lucrativas, de cualquier tipo, que prestan tan buen servicio al Estado como a la sociedad queden arrasdas también por la crisis. Ahora bien, pisos, lonjas, garajes…, que no tengan usos pastorales, y tengan, de uno u otro modo, beneficios económicos, se salen de la regla antedicha y no deben tener exención alguna. La misma Iglesia debiera dar un paso de clarificación en este punto y adelantarse a reformar los Acuerdos Iglesia-Estado(1979) en aquellos puntos en que la sociedad actual, incluidos los fieles, no están de acuerdo en mantener ni sombra de privilegios: domicilios de eclesiásticos, de congregaciones religiosas y cualquier propiedad de beneficioy lucro. Un ejemplo de lo que puede hacerse es lo que la Iglesia hizo el año 2007, de acuerdo con el Gobierno del Estado (María Teresa Fernández de la Vega), adaptándose a la normativa de la Unión Europea y pagando el IVA, excluido en los susodichos Acuerdos. En Italia, el gobierno del católico Monti quiere acabar ahora mismo con esa exención, que protegió en su tiempo el malvado Berlusconi. Pero casi nadie se acuerda aquí de ese buen paso dado hace cinco años. ¡Al enemigo, ni agua!
