Las filtraciones judiciales, con frecuencia a cargo de llamados equipos de investigación, y jaleadas por campañas de opinión de uno u otro diario nacional, son una plaga de la vida política española. Tienen en jaque continuo a la autoridad judicial, siembran confusión por doquier y equivalen a verdaderos juicios paralelos, que no sólo alimentan los pre-juicios de muchos, sino que los consolidan y los hacen firmes. La historia de la tragedia del 11 M es una prueba contundente de ello. Pero las filtraciones y los pre-juicios han continuado en el complejo y enredado caso Gürtel, en el caso Garzón y en el actual, que promete ser largo, de Urdangarín. Ayer mismo, sabíamos ya las declaraciones secretas de éste ante el juez, a los pocos minutos de llevarlas a cabo. Es una grave enfermedad de la inmadura democracia de muchos españoles, más numerosos de los que parece, tan partidista, tan sectaria, tan exacerbada, que no confía ni siquiera en la justicia de los jueces, sino sólo en sí misma, animada unas veces por periodistas, como Luis del Pino, o por políticos, como Llamazares, para quienes sólo su ideología o su manía es guía universal de sus actos, no las sentencias de los jueces ni, a veces, la evidencia misma. Antes de cada juicio y aun de cada instruccion, ya hay una juicio paralelo social, que ciega a muchos y no les deja ver ulteriores luces. Y a menudo, el pre-juicio social, prematuro e injusto, es más punitivo e infamante que el juicio, en el peor de los casos, de la Audiencia nacional o el del Tribunal Supremo.
