Los gobiernos de coalición son una costumbre de la Europa más democrática y no tienen nada de sorprendente y menos de contranatura. En un Gobierno de coalición -al menos para los que, en una situación económica y política como la de Navarra en mayo de 2011, la preferíamos sobre otra fórmula cualquiera-, o los socios se entienden bien o no se entienden. Si no se entienden, no pueden exteriorizar sus diferencias a cada paso, como criticaba yo ayer, porque, si eso se hace a la vista de todos, el Gobierno deviene inviable, y en una situación como la de Navarra da carnaza alimenticia diaria a los independentistas, que por aqui los necios llaman nacionalistas. Y, si ese no entendimiento se hace crónico, y no basta la buena voluntad, ni la mediación de unos o de otros, lo más noble, y realista, y por lo tanto político es dimitir: sin duda el representante del partido minoritario, antes de que se pudran las ocasiones y llegue la destitución o expulsión. Esto no ha sucedido. Ha sucedido lo peor. Hablo sólo formalmente, como ayer, y no materialmente, porque no conozco los datos claves, y sin ellos intentar hacer un discurso sobre los hechos es discurrir sobre el aire o sobre el éter. No creo que haya ahora mejor salida -que no solución- que las elecciones en otoño. Un acercamiento a un nuevo intento de coalicióno, al menos, a un pacto de legislatura, sería el cambio de los cabezas de lista, pues el fracaso es de ambos, quedando por ahora la presidencia de UPN y la secretaría general del PSN en manos de quienes se las ganaron, haciendo un paréntesis de renuncia sabia, de sentido común y de pacificación. Sé que la no cultura en España entera de la separación de poder orgánico y poder político en los líderes de los partidos dificulta al máximo esa operación, pero no sería la peor de todas. Mucho mejor desde luego que tener que sufrir caras de perro, dientes de lobo, merodeos de tigre, ataques de leona, o búsqueda de carroña por parte de hienas y buitres… entre los dos partidos mayoritarios españoles en Navarra durante tres o cuatro años de legislatura.
