Dos catedráticos, jesuitas, de dereccho canónico discurren en uno de los últimos número de VN acerca de aquellas atrabiliarias palabras de Pérez Rubalcaba sobre los Acuerdos Santa Sede-Estado español, a las que me referí en su día, aqui y en algunos periódicos. Son José María Díaz Moreno y Carlos Corral. El primero fue mi profesor durante un curso de derecho que seguí en Madrid, y guardo de él un muy grato recuerdo . Fue miembro de la comisión de la Nunciatura, que negoció con el Gobierno español los Acuerdos de 1979. Los dos profesores lamentan esas baladronadas políticas, no ven la urgencia de tal modficación, consideran los Acuerdos un acierto, elogian su eficacia durante todos estos años, afirman que no son un privilegio (y menos cuando parecidos acuerdos han sido firmados con algunas minorías religiosas) y que deben seguir vigentes porque garantizan la libertad religiosa… Hoy son 47 los Estados “concordatarios”, 36 con Acuerdo/Convenio de carácter general, seis en forma de concordato y otros seis con un acervo de acuerdos sectoriales (Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Argentina, Venezuela, Marruecos…) y 11 con una regulación parcial mediante acuerdo sectorial (Bolivia, Costa de Marfil, Filipinas, Suiza, Vietnam…). Aunque ambos expertos piensan que la derogación sería muy perjudicial para ambas partes, contra la tendencia contraria en todo el mundio, Díaz Moreno, haciendo uso de su buen humor, que puede parecer extraño en un canonista, tras decir que los católicos no debemos tener medo a la revisión, se pregunta si la Iglesia no tiene nada que decir, y “si no ha llegado la hora de que tome la iniciativa de una denuncia, a tenor de los principios recurrentes en derecho para proceder a la derogación o renegociación”. Aunque esta práctica no sea usual en la praxis concordataria, no excluye el canonista su conveniencia y hasta su necesidad “cuando los Acuerdos se han convertido en un lugar común de una insultante demagogia contra la Iglesia”. ¡Sería cosa de ver a los Pérez Rubalcaba y a las Carme Chacón ante la posibilidad de poner patas arriba todo lo convenido sobre asistencia religiosa en hospitales, cárceles y cuarteles, religión en la escuela, matrimonios canónicos, etc., y de ponerles de cara al artículo 16 de la Constitución, teniendo los pocos diputados que tienen y enfrentándose a poder tener menos todavía…!
