El secretario de organización del PSOE y responsable de su campaña electoral, además de ministro de Fomento, en unas dclaraciones a la cadena Antena 3, en el último día de dicha campaña, ha llegado a decir sobre el posible indulto a los presos independentistas catalanes, en caso de que sean condenados, y dejándose de jeribeques jurídicos, algo que nadie pudo arrancar a su jefe, el secretario general del PSOE y presidente del Gobierno: El indulto significa arrepentimiento y no vemos esa voluntad de momento. Ahora tambien nos enteramos que el presidente del gobierno de Aragón y secretario general de la Federación socialista aragonesa, decidido partidario de no conceder el susodicho indulto, dijo el martes pasado que había hablado con Sánchez y que tampoco éste era partidario del mismo. ¡Acabáramos! Les ha faltado a los dos reconocer que fueron dos socialistas catalanes, la Delegada del Gobierno y el secretario general del PSC, los que sacaron el fantasdma a pasear, y no Casado y Rivera.

Pero lo curioso es que la ley  de 18 de junio de 1870, todavía en vigor, que atribuye formalmente al rey y materialmente al Consejo de Ministros el derecho de gracia, no exige el arrepentimiento. Otra cosa es que el poder político tenga en cuenta esa grave condición para tomar la medida. De todos modos, el indulto puede ser total o parcial y para ello es necesario que concurran razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador y del Consejo de Estado. Pueden solicitarlo los propios interesados, sus parientes o cualquier persona en su nombre e incluso proponerlo el mismo Tribunal. En todo caso , el Consejo de Ministros debe acordarlo mediante Real Decreto motivado, a tenor de los términos de la misma ley.

Siendo, pues, facultad del Ejecutivo, no es una facultad omnímoda, como se ve, y está sujeta a circunstancias que le sobrepasan. Por otra parte, sin ser un derecho de los reos de un delito, es una legítima expectativa de todos ellos, salvo los que excluye la propia ley, y entre los que no están los de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.

Es de suponer que los candidatos Casado y Rivera conocen esa ley. Y que serán los primeros, en su fuero interno, en pensar que tiene poco sentido, por decir algo suave, que un presidente de Gobierno, antes de conocer el fallo del Tribunal Supremo, y sabiendo como sabe qué decisión tan compleja es otorgar un indulto, guarde silencio sobre ello: el silencio que seguramente guardaría cualquiera de los dos, si presidiera el Gobierno de España.

Otra cosa fuera que Pedro Sánchez hubiera dicho algo parecido a lo que acaba de decir Ábalos, en un plano meramente político y moral, o hubiera aprovechado la ocasión para aborrecer cualquier pacto, acuerdo o arreglo con el independentismo catalán, verdadero fondo de la cuestión. Pero, desgracidamente no lo hizo, para perjuicio de todos. Hubiera ganado asimismo muchos puntos entre la mayoría de españoles