La universidad Cornell, en el Estado de Ithaca (USA), monitoriza semanalmente desde 2011 el número de personas que mueren ejecutadas en cada país. Pero a veces la información es casi imposible, por ejemplo, en China, el país con mayor número absoluto de ejecuciones, donde la aplicación de la pena es secreto de Estado. O en Irán, país con más ejecuciones per cápita (966 en 2015, según fuentes internas), donde el secreto es también muy grande. Todavía la pena de muerte sigue viva en 57 Estados, algunos de ellos tan democráticos como Estados Unidos de América y Japón. Afortunadamente en ningunn País de la Unión Europea subsiste, aunque recuerdo que en mi primer intento de preparar  desde abajo una resolución  en el Parlamento Europeo contra la pena de muerte, en 1986, no logré el número de firmas necesario, por oponerse a la iniciativa, entre otros, liberales belgas y democristianos bávaros. En algunos Países, como Turquía o Filipinas, tamaña pena está abolida, pero sus máximas autoridades amenazan con reimplantarla. En otros, como Rusia, Chile, Brasil, Marruecos o Argelia, no está abolida, pero no se aplica desde hace diez años. O está prohibida en algunos Países para delitos comunes. Benin y Naurú son los últimos Estados incorporados a la lista de Estados abolicionistas, que llegan ya a los 141, casi tres veces más que los ejecucionistas. Vamos avanzando, aunque demasiado lentamente.