El pasado 21 de febrero, la UNESCO volvió a celebrar, como desde el año 2000, el Día Internacional de la Lengua Materna, valor educativo primordial que hemos defendido en España, contra viento y marea, en el franquismo y después del franquismo. Pues, no. Ahora resulta que millares de alumnos españoles, aunque hubieran sabido la fiesta que se celebraba -de la que seguramente nadie les habló-, no hubieran podido celebrarla, porque ellos no pueden ser educados en esa lengua, que es la suya. Porque el Estado autonómico español, que carece de política lingüística, ha dejado en manos de algunas Comunidades Autónomas ese quehacer, y varias de ellas, que conciben y tratan la lengua llamada propia (catalán, gallego o vascuence) como algo privativo, como su seña suprema de identidad, han puesto por encima de la lengua materna de muchos miles de alumnos la prioridad de la lengua oficialmente propia, cuando no la exclusividad o casi exclusividad de la misma: la llamada inmersión en esa lengua, que no es la propia de esos alumnos, que no es su mengua materna. Aunque esta lengua materna sea también oficial en esas Comunidades y en todo el territorio español, además de la más hablada y escrita. Y aunque el experimento llevado a cabo hasta ahora haya terminado en un visible fracaso. Tal el es caso del País Vasco. Como los resultados de la irrealista y forzosa euskaldunuzación emprendida están muy lejos de los propósitos de los políticos nacionalistas, están éstos a punto de abandonar los métodos fracasados y piensan ya, por otros medios, conseguir que todos los alumnos alcancen un nivel de conocimiento B2, cercano al certificado de First en inglés, en el conocimiento y uso del castellano, euskara / vascuence y ahora también de inglés, idioma que se añade para hacer posible y más atractivo el nuevo giro educativo. Se intenta, además, que el vascuence sea la principal lengua vehicular. Con toda lógica, pero con cierto retraso, el partido socialista de Euskadi, que fue determinante a la hora de alcanzar los consensos y pactos desde 1982 (ley de normalización del uso del euskera) a 1993 (ley de la ecuela pública vasca), ha puesto el grito en las nubes y, por medio de la parlamentaria Isabel Celaá, ha recordado que las últimas evaluaciones al sistema educativo vasco demostraron que sólo un tercio de los alumnos del actual modelo B (bilingüe) y sólo dos tercios del D (enseñanza íntegra en euskara) alcanzaron ese listón que ahora se pretende, pretendiendo a la vez una clara ventaja para la minoría de alumnos de lengua materna vasca (20%), que hablan también habitualmente castellano, frente a la mayoría de lengua materna castellana (80%), que no hablan habitualmente vascuence o euskara. “No vamos a permitir –ha dicho Celaá- que se expulse la lengua castellana de las aulas” Y, en cuanto a la lengua vehicular: “Si la lengua vehicular principal será el euskera, sólo los euskaldunes tendrán garantizado el derecho a estudiar en su idioma materno“. Pero el Departamento de Educación ya tiene en los partidos nacionalistas o afines los votos necesarios para el nuevo dislate. Esperemos contra toda previsión.