En medio del alboroto jurídico y político -y quiera Dios que sólo eso-, que va a causar el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea -cuyo carácter hipotético, y por tanto poco práctico, ya anunció el avisado abogador general de la UE en noviembre pasado-, quiero solamente decir que la doctrina sostenida en el caso por el Tribunal Supremo de España, la Abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, y el Gobierno español era la que sostenían también, al unísono, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

En adelante las cosas tendrán que hacerse de otra manera, si no se cambia el Protocolo actual del diputado europeo.