Mientras en España sólo parece importarnos el aborto, en otros países más desarrollados y democráticos, como Suecia, están llevando a cabo una exitosa campaña contra la plaga de la prostitución, que en todas partes es un negocio boyante. En Estocolmo, la capital,  la cantidad de prostitutas ha sido reducida en dos tercios y la de clientes en un 80%; en otras ciudades menores la prostitución callejera casi ha desaparecido. Y en buena medida han desaparecido lo burdeles y salas de masaje que proliferaban en el país. El Instituto de Estadística de Suecia estima que menos de un millar de mujeres ejercen la prostitución en un país de nueve millones y medio de habitantes. En España, con 47 millones, hay 300.000 “mujeres de la vida”  (terrible apelativo): bastantes más de las que daría la multiplicación de aquella cifra de habitantes por 5, siguiendo el ejemplo sueco. Una sociedad muy igualitaria, un movimiento femenino radical, en el mejor sentido de la palabra, y una larga pedagogía nacional de veinte años dio como resultado la ley de 1999. La ley penaliza a los varones que compran a la mujer con dinero  con penas de un año de cárcel, que puede evitarse con el pago de una fuerte multa. Los servicios sociales ofrecen a las mujeres víctimas apoyo para su recuperación personal, integración social y atención sanitaria específica. Cuantiosos fondos han gastado los Gobiernos suecos de diverso signo -hoy, conservador- para educar a la población en el respeto a la mujer y  al mismo tiempo para capacitar a los  agentes de Justicia y de Orden público  para sus nuevos cometidos. El ejemplo ha cundido pronto. Noruega copió la norma sueca en 2009 y añadió la persecución de todo turismo sexual fuera del país; la multa a los clientes es de 25.000 coronas: 3.164 euros. Finlandia ha seguido igualmente ese camino. Y hasta Francia ha comenzado aprobando en la Aamblea Nacional una propuesta de ley, que penaliza a los clientes de la prostitución con multas de 1.500 euros.