La Conferencia de los Obispos de Francia (CEF), en un comunicado hecho público con motivo de la nueva ley de inmigración, aprobada hace unas semanas en las Cámaras legislativas francesas, se oponían a “la imposición de pruebas genéticas para verificar los lazos de parentesco entre los inmigrantes” que soliciten el reagrupamiento familiar, porque las consideraban “una grave deriva del sentido humano y de la dignidad de la familia”. Respetando la responsabilidad propia de los poderes públicos en la regulación de los flujos migratorios, los obispos pedían con toda razón que ésta última se ejerciera “de conformidad con el derecho europeo e internacional”, desde “una perspectiva de colaboración mediterrénea, tal y como el presidente de la República anunció la noche de su elección”. ¿Para qué, tenemos que preguntarnos, tantas leyes y convenios internacionales, si después no se cumplen? Lo cierto es que con los obispos católicos estaba la Federación Protestante de Francia y otras asociaciones cívicas y culturales relevantes. Y en lo que atañe a las pruebas antedichas, nada menos que el Consejo Consultivo Nacional de Ética avisaba de que incluir en la ley “una identificación biológica reservada sólo a los extranjeros entra en contradicción con el espíritu de la ley francesa”, a la vez que llamaba la atención sobre “la dimensión profundamente simbólica en la sociedad de cualquier medida que apele a la verdad biológica del ser como árbitro último en cuestiones que afecten a la identidad social y cultural“. “Ello contribuiría furtivamente -subrayaba poco después- a generalizar tales identificaciones genéticas, lo que podría revelarse en último término como un atentado a las libertades individuales”. Pésimos recuerdos trae en Francia la verdad biológica. Que no sólo, por lo visto, pueden cultivarla los hitlerianos alemanes.