A partir de los años noventa, tras la ocupación de Kuwait por Irak, y sobre todo tras la tragedia de Rwanda, donde murió, a golpe de machete de los hutus, casi un millón de tutsis (1994) se extendió la idea del derecho y deber de intervenir, aunque fuera en otro país, cuando la degradación antidemocrática y antihumana llegara a las cotas más altas. Yo mismo defendí por entonces, siendo diputado europeo, ese derecho y ese deber, y califiqué de positiva y altamente humanitaria una hipotética intervención de las tropas francesas y belgas, operativas sobre el terreno, contra la Radio de las mil colinas, mientras repartía las órdenes del excidio por todo el país. Por desgracia, eso no no ocurrió y no se impidió la matanza.
Es cierto que intervenciones de un país en otros no era nada nuevo antes de esos años, como muestra la historia de las operaciones bélicas de Estados Unidos de América en otros países del mismo continente, o de Gran Bretaña, Francia e Israel contra Egipto tras la nacionalización del Canal de Suez, en 1956, pero en ambos casos no se trataba precisamente de unas intervenciones humanitarias. Los países árabes cercanos a Israel lo atacaron en 1947 y en 1973, e Israel atacó e incluso invadió después varias veces de Líbano y Siria.
Tras la ocupación de Kuwait en 1990 por el dictador iraki Saddam Hussein, el Consejo de Seguridad dio carta blanca a Estados Unidos de América para dirigir la la operación Tormenta del Desierto para reconquistar Kuwait y dejarlo en manos del Emir. Esta fue una intervención humanitaria y colectiva de manual, pero con la excepcional sanción del Consejo de Seguridad.
La intervención de la Federación rusa en 2014 para arrebatar Crimea a su vecina Ucrania fue la primera intervención exterior del Gobierno ruso tras la desaparición de la URSS. Esta vez nadie movió un dedo, aunque mucho los labios. Y no tembló, que yo sepa, el derecho internacional. Ocho años después, Rusia invadió lisa y llanamente Ucrania, y, aunque levantó una polvareda de protestas y la Unión Europea junto a los Estados Unidos de América pusieron buena parte de su poder económico y militar en favor de la nación agredida, ni un solo soldado extranjero defendió su suelo. La condena del Consejo de Seguridad quedó anulada por el veto de Rusia. El temor a la bomba atómica rusa volvía a detener cualquier tentación de respuesta.
Hace solo unos meses el autócrata Trump, queriendo defender a los cristianos, víctimas habituales del bandido yihadista Boko Haram, que depreda y mata al noroeste de Nigeria, destruyó por las buenas uno de sus campamentos, y todo el mundo dio por bueno el ataque o, al menos, eso pareció. Poco después, se llevó a la prisión de Brooklyn en volandas desde su refugio en Caracas al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. El mundo se dividió entre los que que aplaudieron la hazaña y los que le echaron cara haber violado el derecho internacional.
Trump ha vuelto a atacar por segunda vez a Irán, esta última de manera mucho más intensa, matando al jefe supremo de la Revolución, Jamenei, y el mundo ha vuelto a dividirse entre los que consideran una gran obra benéfica acabar con la dictadura sagrada de los ayatollahs, que solo en las últimas represiones ha matado a más de 30.000 personas, y los que piensan que debe predominar el supuesto derecho internacional, que prohíbe violar la soberanía y la integridad de cada país, aparte las funestas consecuencias de extender la guerra en un terreno minado como la zona del Golfo.
Está claro, viendo todo esto, solo una pizca de lo que sucedió y sucede, que nos falta una mediación o instancia neutral internacional que nos sirva de criterio y de guía. Que el derecho internacional actual no hace justicia a los muchos estados de injusticia y de atropello de los derechos humanos que sufren numerosos países de planeta. Que tampoco podemos dar por bueno que el líder más poderosos del mundo haga de su capa un sayo o se reserve para sí la ejecución del derecho internacional, siempre que lo tenga a bien, sin consultar siquiera con su Parlamento y menos con la ONU.
Y en esas estamos.