De todas las regularizaciones, las que llevó a cabo Aznar, de 1996 a 2004, fueron las más numerosas, con más de medio millón de inmigrantes.

Es algo que tiene que ver con la dignidad de las personas protegidas por los derechos humanos, que viven en un país democrático comprometido con la justicia y la equidad. No regularizar a personas que ya están aquí, que trabajan sin contrato, favorece la economía sumergida y puede llevarlas a la explotación laboral y a la exclusión. Y, además, colaboran al futuro régimen de pensiones y, con su alta natalidad, al futuro de la nación.

Muchos de ellos trabajan donde nosotros no queremos trabajar. Y allí donde los necesitamos más: en el campo, en la hostelería, en la construcción y en los cuidados de mayores y enfermos. Y la mayoría de ellos (80 por ciento) son hispanos…