La protección de la vida humana, la seguridad jurídica o la proporcionalidad de las penas son algunas de las cuestiones en las que el Informe del Consejo Fiscal -que tan poco tratamiento mediático ha merecido- detecta contradicciones entre el anteproyecto previsto por el Gobierno y la Constitución española, tal como fue interpretada por el Tribunal Constitucional en la sentencia de 1985. Para empezar, el activismo abortista del Gobierno vulnera el mandato constitucional de proteger la vida del nasciturus. La posibilidad de abortar dentro de las primeras 14 semanas por la sola voluntad de la embarazada vulneraría igualmente ese mismo mandato, inherente al artículo 15 de la Constitución, con el agravante de que la información que, según prevé el anteproyecto, se facilite a la mujer interesada no sólo es disuasoria sio suasoria. Lo mismo acontece con la marginación de los padres ante el aborto de hijas de 16 años… Seguramente que para la vicepresidenta del Gobierno, que lllama retrógrados a todos los que no están de acuerdo con el previsto anteproyecto, la mayoría de los fiscales también lo serán. Pero, si ése es todo el argumento, tendremos que juzgar muy severamente a los políticos que se contentan con él.