Entre otras iniciativas concretas de la nueva administración económica, se encuentra un documento marco que prima las inversiones éticas y veta colocar fondos en industrias como la pornografía, la armamentista, la abortista o la que emplea células madre embrionarias: lo que no siempre fue así.
Además, y dando un paso más adelante, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales dio a conocer, a finales de 2022, otro documento marco, Mensuram Bonam -que ahora empieza a aterrizar en los diversos foros eclesiales de todo el mundo-, que incentiva el compromiso con aquellas empresas y entidades que convergen con los valores cristianos que quieren pasar a una economía más justa, que ponga en el centro al ser humano y el medio ambiente, con vocación de transformación en los retos sociales que tenemos actualmente, ya sea educación, sanidad, tercera edad, marginación…
También se ha sacado adelante lo más parecido a una ley anticorrupción que prohíbe a los empleados aceptar regalos de más de 40 euros y que exige que los cardenales y los directivos declaren no tener condenas ni siquiera investigaciones por blanqueo. Tras el caso Becciu, el papa vació las cuentas de la Secretaría de Estado para que las gestionara la Administración del Patrimonio de Sede Apostólica (APSA), con tal de apuntalar la separación de poderes.
Punto clave para racionalizar la economía vaticana ha sido la puesta en marcha, en 2022, de un área de Recursos Humanos, dirección específica para gestionar el capital humano, imprescindible en cualquier empresa o administración pública. Otro español, Luis Herrera Tejedor, ha sido nombrado para liderar una necesaria profesionalización mediante un proceso de selección por méritos y no por otros motivos menos nobles.
Adelgazar la sobredimensionada estructura de la administración vaticana ha sido otro de los objetivos de esta nueva etapa vaticana. Por ejemplo, en el aparato de la Comunicación, donde de 700 personas se ha bajado a 570, siempre teniendo en cuenta la premisa de Francisco de evitar cualquier despido.
Reestructuraciones, traslados o jubilaciones incentivadas han hecho lo demás.