El Vaticano tampoco tiene presupuestos (I)

 

                             El Vaticano no tiene todavía presupuestos para el ejercicio de 2025,  después de ser presentados ante la Secretaría de Economía por los casi 150 departamentos identificados como Curia Romana. Y no porque alguno de sus  partidos socios se haya empeñado en el no, como en España, sino porque el papa Francisco, que no tiene socios de gobierno, antes de ponerse enfermo y ser ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, vio que no respondían a sus constantes llamadas a la austeridad, a fin de evitar una bancarrota real, teniendo en cuenta que el déficit alcanzaba en 2023 los 83´5 millones de euros.

Eso sí, el papa ha dado un voto de confianza a todos y cada uno de los departamentos durante el primer trimestre de este año para que reformulen a la baja sus números y vuelvan a presentarlos para su correspondiente supervisión y aprobación.

En total para 2023: 495´4 millones de euros en gastos, frente a 483´7 millones de ingresos (mercado inmobiliario, operaciones comerciales, servicios, donaciones (en constante descenso), ingresos financieros….) El célebre óbolo de San Pedro para atender a las necesidades de la Iglesia universal está casi a cero (52 millones en 2023 frente a 109´4 millones de gastos), y no es suficiente, ni mucho menos, para paliar el déficit operativo estructural de 83 millones y medio. Lo encabezan los católicos de USA (28´1 % del total), seguidos por los italianos, brasileños y alemanes; los españoles estamos en el décimo lugar (con solo 800.000 euros). Tampoco parece suficiente a corto plazo lo que se espera del actual Jubileo, donde se prevén 40 millones de peregrinos. Tan delicada es la situación, que, el año pasado, el papa comenzó a cobrar, por vez primera, a los cardenales el alquiler de sus apartamentos pontificios, y les dirigió una carta, como presidentes de los departamentos, instándoles a  que  seleccionaran  prioridades en materia de gastos a fin de conseguir el ansiado déficit cero…

Los problemas, como es bien sabido, vienen de lejos. Tras la positiva experiencia en el saneamiento de las archipopulares (para mal) finanzas vaticanas, con el nombramiento del cardenal australiano George Pell, como prefecto de la Secretaría de Economía en 2014, truncada por el injusto procesamiento en su país, el papa eligió como nuevo prefecto al jesuita español Juan Antonio Guerrero, flanqueado por el economista laico extremeño Maximino Caballero, nombrado a su vez nuevo prefecto en 2022.  Con los tres comenzó a desarmarse la trama de los que metían secularmente la mano en la caja vaticana, de los que es un triste símbolo el caso Becciu, primer cardenal (italiano, además, y curial), condenado por estafa y malversación por el propio Vaticano.

Varios documentos pontificios recientes han exigido medidas que van desde auditorías externas y protocolos de supervisión y control de gastos, hasta comisiones de evaluación de los planes de acción y presupuestos, evitando contratos a dedo a través de un registro único de empresas adjudicatarias a modo de concurso público. También se ha formado un  registro de empleados autorizados como adjudicatarios, con multas de hasta 50.000 euros para las fundaciones vaticanas que se resistan a rendir cuentas.