Por fin, y en medio de escándalos de todo tipo, llega algún acuerdo político sobre algo que le importa realmente a la gente. Los políticos españoles, casi siempre tan mal avenidos, deciden, con alguna rara excepción, revalorizar las pensiones en función del índice de precios del consumo (IPC). Y esto a las pocas horas de que el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, asegurara que vincular la subida del las pensiones con el IPC tiene efectos perversos. Que es, por cierto, lo mismo que defendió, en el Gobierno de Zapatero, el año 2011: la conveniencia de utilizar otros medios de revalorización, basados, por ejemplo, en el crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones de la Seguridad Social. Esa era la base última de la reforma del PP  en 2013, con aquel ya célebre mínimo aumento anual del 0´25, rechazado por el PSOE y por los pensionistas en general. Y es que, dado nuestro déficit estructural, cuando las cotizaciones no dan más de sí, hay que buscar nuevos medios de financiación del sistema de protección social, que cumpla el mandato de la Constitución. Para llegar a este tan saludable como extraño acuerdo, algo tendrá que ver esa expresión sibilina en base al IPC…, que no quiere decir que sólo el IPC vaya a contar a la hora de la revalorización de nuestras pensiones.