La buena noticia es que la Asamblea Nacional aprobó la ley sobre la adopción de cuidados paliativos  por 491 votos y ninguno en contra. Pero, aunque por estrecho margen, aprobó también la ley de la llamada muerte asistida, aunque el Senado, que la votó en contra en enero pasado, está a punto de votarla por segunda vez. No solo los obispos católicos se han opuesto a ella, sino también los obispos ortodoxos, que la calificaron de ruptura con la civilización y de licencia para matar. Meses antes, la Conferencia de los Líderes Religiosos de Francia había publicado una declaración conjunta advirtiendo sobre los riesgos de abusos éticos y sociales que plantea esa legislación.

Los obispos católicos lamentan ahora nuevamente la ausencia de una cláusula que permita a los centros de salud religioso negarse a llevar a cabo estas prácticas y, junto a muchos profesionales sanitarios, juristas, filósofos y representantes de pacientes, muestran su preocupación por los riesgos de ambigüedades legales, las presiones sociales o familiares que podrían recaer sobre las personas vulnerables,  así como por la transformación radical del papel del médico, llamado ahora no a tratar y aliviar el sufrimiento, sino a causar la muerte.