La historia de la débil Democracia española desde 1979 es también la historia de las forzadas cesiones de los sucesivos Gobiernos a los partidos nacionalistas (eufemismo taimado utilizado por todos), confederalistas en principio e independentistas en su objetivo final. Debido todo ello a la bisoñez e impericia de los Gobiernos de la Nación, a la voraz exigencia siempre  de mayor autogobierno para las Comunidadas nacionalistas,y a la torpe y confusa redacción del Capítulo VIII de la Constitución, escrito por mentes confusas y hasta contradictorias en este punto. No es cuestión de recordar la historia, que está en la Red a la vista de todos, y menos de encarnizarme ahora en el reproche a los políticos españoles en circunstancias difíciles, que desbordaron a todos, excepto a los más beneficidados. Todos tenemos en mente el acuerdo entre ya el decadente Felipe González y el todavía molt Honorable Jordi Pujol en 1993, tras unas tormentosas relaciones en los años ochenta, cuando el líder socialista, a cuenta de los votos de los nacionalistas catalanes (y vascos), necesarios para su investidura, invitó al líder de CIU a entrar en su Gobierno, tras conceder a la Comunidad catalana el 15% de la recaudación del IRPF, más un importante paquete de transferencias y ayudas económicas. Los fiscales Mena y Villarejo, encargados del caso de Banca Catalana, que afectaba principalmente a Pujol, nos dirán después que el Fiscal General del Estado les prohibió, antes del sobreseimiento definitivo de la causa, a comienzos de 1990, seguir investigando en la misma. En el mismo trance político se vio el líder popular José María Aznar, vencedor en las elecciones de 1996, y de nuevo buscó, esta vez con teatral ostentación -el pacto del Majestic-, la ayuda en votos de los nacionalistas catalanes (y también de los vascos), a cuenta de la nueva invitación para un Gobierno de coalición, múlltiples transferencias – v. g., competencias de tráfico a los Mossos-; ampliaciones de grandes obras públicas; favores más generales, pero exigidos también por el pujolismo, como la eliminación de los gobernadores civiles o la supresión de la mili, y hasta la desaparición del gallito catalán del PP, Vidal Quadras, a quien Pujol abominaba. De mayor cuantía fue la concesión del 33% del IRPF -claro que también para el resto de Comunidades-, del 35% del IVA y del 40% de los impuestos especiales. Y  tal vez lo más sustancioso, vista sobre todo la deriva educativa y cultural posterior, fue el privilegio aznarista de evitar llevar al Tribunal Constitucional la polémica ley de Política Lingüística (1998), fuente de mil conflictos en los años siguientes, junto a las presiones al Defensor del Pueblo, segun las malas lenguas, para impedir un posible recurso. Lo de menos es la ampliación de la autonomía y otras ampliaciones. Lo grave sobre todo es la manera de hacerlo, el método de toma y daca, de hacerlo todo a cuenta; que lleva, se quiera o no, a una política mezquina entre feria de ganado y timba, reservado de restaurante y jornada de caza, necesariamente discriminatoria y máquina de desiguadad. – Está lejos de conocerse la historia rigurosa de todos estos tratos y contratos, pero en la conciencia de los españoles ha quedado la evidencia de que asi, o de modo muy parecido, ha sido la relación del Gobierno de la Nación con quien, al cabo de tantos favores, se ha convertido, en el caso catalán, en el primer Gobierno autonómico que llama a la sedición, a la rebelión y a la secesión de Cataluña.

Y aún quedaba mucho por ver.