Nos olvidamos casi siempre de ellos, del 25% de pobres europeos, al tratar cualquier asunto político de Europa. La comisaria europea responsable de Empleo, Asuntos Sociales y Capacidades y Movilidad, Marianne Thyssen, al presentar el Anuario de 2017, declaraba que su objetivo es sacar de la pobreza y de la exclusión social, al menos a 20 millones de personas pobres en la Unión. Los datos del Eurostat de 2015 recogían 117 millones de mujeres y varones en riesgo de pobreza o exclusión. De ese total, 85 millones estaban en riesgo de pobreza monetaria: 39´7 afrontaban una privación material severa, y 39´1 eran `cuasi desempleados´. Pero la Unión Europea está lejos de conseguir el objetivo de reducir a 96, al final de esta década, ese primer número aducido hace dos años. Sería extremadamente decepcionante, y devastador para quien padece esa situación, aplazar la Estrategiia Europa 2020 diez años más. Y, aunque es muy importante y hasta necesario monitorizar los progresos de cada Estado miembro de la UE hacia ese objetivo, a través de la Encuesta Europea de Ingresos y condiciones de vida (EU-SILC), mucho más importante es la política social llevada a cabo por cada uno de ellos a fin de redimir de la pobreza y de la exclusión social a sus conciudadanos. Si algo puede  hacer la opinión europea, colectivamente, o en cada uno de los Estados, a la hora de colaborar con  tan alto propósito, es informarse y tomar conciencia de la situación. ¿Somos conscientes de ello? Creo que no. Si ahora preguntáramos a todos los miembros de la Unión qué necesidad mayor tenemos a la vista -aparte la defensa contra el terrorismo yihadista después de estos últimos bárbaros atentados-, ¿cuántos diriamos que reducir hasta el año 2020 en 20 millones el número de los europeos en riesgo de pobreza y exclusión social?